El Decreto Legislativo 258-2026 endurece las penas contra maras y pandillas. Además, amplía herramientas de investigación y establece nuevas disposiciones para las operaciones de seguridad. El desafío ahora será traducir las reformas legales en resultados concretos, con respeto a las garantías constitucionales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS | 7 de noviembre de 2026 — NDTV NOTICIAS
Las reformas penales en Honduras entraron en vigencia el 3 de noviembre de 2026, marcando una nueva etapa en el combate contra el crimen organizado. Las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal buscan fortalecer la persecución de maras, pandillas y otras estructuras criminales.
Las reformas penales en Honduras marcan una nueva etapa en la estrategia nacional contra el crimen organizado.
Tras semanas de debates y coordinación institucional, entraron en vigencia modificaciones al Código Penal.
Además, se actualizaron también el Código Procesal Penal.
Las disposiciones buscan fortalecer la persecución de maras, pandillas y otras estructuras criminales.
Honduras inicia una nueva etapa en su estrategia de combate contra el crimen organizado.
Además, tras debates y coordinación institucional, estas Reformas penales en Honduras fortalecen la persecución de maras y estructuras criminales.
Reformas penales en Honduras están contenidas en el Decreto Legislativo 258-2026.
Fue publicado en la edición número 37,282 del Diario Oficial La Gaceta, correspondiente al 30 de octubre de 2026.
Su aplicación fue anunciada oficialmente el 3 de noviembre por las autoridades de seguridad y justicia.
La nueva legislación contempla penas más severas, restricciones a determinados beneficios penitenciarios y facultades adicionales para las instituciones encargadas de investigar y combatir organizaciones criminales.
El proceso legislativo tuvo entre sus principales protagonistas al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien promovió la discusión de las reformas, impulsó acuerdos institucionales y defendió la necesidad de proporcionar nuevas herramientas jurídicas a los operadores de justicia.
El Congreso Nacional y las gestiones de Tomás Zambrano
La aprobación de las reformas es uno de los acontecimientos legislativos recientes más relevantes en materia de seguridad pública. Además, este proceso marca un hito para la seguridad pública y el marco regulatorio.
Durante septiembre y octubre, el Congreso Nacional desarrolló una agenda que incluyó modificaciones al régimen penitenciario, consultas con autoridades judiciales y reuniones con representantes de las instituciones responsables de combatir la delincuencia.
El 22 de septiembre, el Poder Legislativo aprobó reformas orientadas a fortalecer el control sobre personas vinculadas con organizaciones declaradas terroristas, incluyendo medidas de máxima seguridad y mayores restricciones dentro de los centros penitenciarios.
Posteriormente, Zambrano promovió la discusión de nuevas modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, mientras se gestionaba la opinión jurídica de la Corte Suprema de Justicia.
El 27 de octubre, previo a la aprobación del paquete de reformas, la dirigencia legislativa coordinó reuniones con autoridades judiciales y de seguridad para abordar los alcances y la aplicación de las nuevas disposiciones.
Durante la sesión legislativa, Zambrano presentó una moción para dispensar dos debates y facilitar el tratamiento del proyecto.
El presidente del Legislativo sostuvo que el Congreso continuaría respaldando a las instituciones responsables de la seguridad, pero también exigiría resultados en la lucha contra la criminalidad.
Estas actuaciones reflejan una agenda legislativa orientada a modificar las herramientas legales disponibles para enfrentar estructuras criminales. Su efectividad dependerá de la aplicación de las nuevas normas y de los resultados que puedan documentarse.
Las reformas penales en Honduras fueron objeto de debates legislativos y gestiones de coordinación institucional en las que participó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
¿Qué cambia con las reformas penales en Honduras?
Entre las principales disposiciones anunciadas por las autoridades se encuentran:
- Penas más severas: las condenas por delitos relacionados con asociaciones terroristas pueden alcanzar entre 30 y 40 años de prisión, según la conducta y responsabilidad penal establecidas.
- Prisión de por vida: se contempla esta sanción para determinados responsables de estructuras terroristas, incluidos cabecillas y personas involucradas en el reclutamiento de menores, conforme a los supuestos previstos en la legislación.
- Restricción de beneficios penitenciarios: las reformas limitan el acceso a determinados mecanismos de libertad anticipada para personas condenadas por los delitos contemplados.
- Ampliación de plazos procesales: se establece, para los supuestos específicos regulados, una ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales después de una detención.
- Allanamientos excepcionales: se contemplan intervenciones sin autorización judicial previa en operaciones dirigidas contra estructuras criminales, bajo condiciones específicas y con participación del Ministerio Público.
- Mayor control penitenciario: se refuerzan las disposiciones relacionadas con la seguridad de los centros penales y el control de organizaciones criminales.
Estas modificaciones buscan ampliar la capacidad operativa de las autoridades, aunque su ejecución deberá ajustarse a los requisitos legales y a las garantías constitucionales.
Zambrano: “Se les acabó la fiesta”
Durante la comparecencia realizada el 3 de noviembre, después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Tomás Zambrano afirmó que las reformas representan una nueva etapa en el combate contra la delincuencia.
“Se les acabó la fiesta”, expresó el presidente del Congreso Nacional al referirse a las organizaciones criminales.
Zambrano destacó la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones responsables de la seguridad.
También manifestó que el Congreso continuará analizando y aprobando instrumentos legales que permitan fortalecer el trabajo de los operadores de justicia.
Las declaraciones del titular legislativo reflejan la posición oficial de impulsar una respuesta institucional más firme frente a las organizaciones criminales.
Seguridad y justicia: una responsabilidad compartida
La entrada en vigencia de las reformas también plantea nuevas responsabilidades para las instituciones encargadas de aplicarlas.
El Ministerio Público deberá fortalecer las investigaciones y presentar requerimientos fiscales debidamente sustentados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán que desarrollar sus operaciones dentro de los límites establecidos por la legislación.
Por su parte, el Poder Judicial será responsable de ejercer sus competencias y garantizar que las actuaciones se ajusten al ordenamiento jurídico.
Uno de los aspectos que requerirá especial atención será la aplicación de los allanamientos excepcionales sin orden judicial previa.
Aunque las autoridades han señalado que estas facultades están dirigidas a operaciones específicas contra estructuras criminales, su utilización deberá estar acompañada de controles que permitan prevenir abusos y proteger los derechos de las personas.
La lucha contra el crimen organizado exige capacidad de respuesta, pero también investigaciones sólidas, respeto al debido proceso y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
¿Qué resultados pueden esperarse?
El presidente del Congreso Nacional informó el 30 de octubre que las fuerzas de seguridad habían capturado aproximadamente a 75 presuntos cabecillas de maras y pandillas en operativos recientes.
Sin embargo, esa cifra corresponde a declaraciones del funcionario. No demuestra, por sí sola, el impacto de las reformas que comenzaron a aplicarse posteriormente.
Para evaluar los resultados será necesario dar seguimiento a indicadores verificables: reducción de homicidios y extorsiones, investigaciones concluidas, judicialización de estructuras criminales, condenas obtenidas y recuperación efectiva de territorios afectados por la violencia.
La seguridad ciudadana no depende únicamente de incrementar las penas. También requiere capacidad investigativa, coordinación institucional, prevención del delito y fortalecimiento del sistema de justicia.
Reformas penales en Honduras: el desafío de recuperar la tranquilidad
La aprobación de las reformas representa una decisión legislativa de alcance nacional y establece nuevas condiciones para la actuación de las instituciones de seguridad.
El Congreso Nacional, bajo la presidencia de Tomás Zambrano, ha desempeñado un papel en la tramitación y aprobación de estas medidas, mientras que el Poder Ejecutivo y los operadores de justicia asumen ahora la responsabilidad de implementarlas.
Para los hondureños, la verdadera medida de su efectividad estará en la posibilidad de vivir con mayor tranquilidad, desarrollar actividades económicas sin amenazas y recuperar espacios comunitarios afectados por la delincuencia.
Las Reformas penales en Honduras ya forman parte del marco jurídico nacional.
El siguiente paso será demostrar, con resultados verificables y respeto al Estado de derecho.
Además, estas nuevas herramientas deben contribuir a mejorar la seguridad de Honduras.
NDTV Noticias — Televisión con Sentido.
