La discusión sobre las reformas al subsector eléctrico hondureño entró esta semana en una etapa clave luego de que la Comisión de Energía del Congreso Nacional continuara el proceso de socialización del proyecto con representantes de la sociedad civil, organismos reguladores y actores estratégicos vinculados al sistema energético del país.
La mesa de trabajo fue encabezada por el presidente de la Comisión de Energía, diputado Milton Puerto, y contó con la participación de representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Coalición Patriótica de Solidaridad.
Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es una transformación estructural del sector eléctrico hondureño, considerado durante años uno de los principales desafíos financieros e institucionales del país.
¿Qué busca la reforma?
De acuerdo con la propuesta que actualmente analiza el Congreso Nacional, las reformas pretenden fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, reducir pérdidas, atraer nuevas inversiones y modernizar la estructura operativa del sector.
Entre los cambios discutidos figura el fortalecimiento de la institucionalidad energética, una mayor claridad en las funciones de los diferentes actores del mercado y la creación de mecanismos que permitan mejorar la eficiencia operativa del sistema.
La iniciativa también contempla medidas orientadas a promover nuevas inversiones en generación, transmisión y almacenamiento de energía, elementos considerados fundamentales para responder al crecimiento de la demanda eléctrica nacional.
El problema que arrastra Honduras desde hace décadas
La situación del sistema eléctrico hondureño no es nueva.
Durante años, expertos nacionales e internacionales han advertido sobre las elevadas pérdidas técnicas y comerciales, el impacto financiero sobre la ENEE y la necesidad de modernizar el modelo de gestión para garantizar un servicio más eficiente y sostenible.
Diversos análisis señalan que las pérdidas del sistema continúan representando uno de los mayores retos para la empresa estatal, afectando tanto sus finanzas como la capacidad de inversión en infraestructura y mantenimiento.
La modernización del sector se considera fundamental para reducir apagones, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la competitividad económica del país.
¿Privatización o reordenamiento?
Uno de los puntos que más debate ha generado en la opinión pública es la preocupación sobre una eventual privatización de la ENEE.
Sin embargo, autoridades de la empresa han reiterado públicamente que la propuesta actualmente en discusión no contempla la venta de activos estatales ni la privatización de la institución, sino una reorganización que permita mejorar la eficiencia, atraer inversiones y fortalecer el sistema eléctrico nacional.
Las autoridades sostienen que el objetivo principal es crear condiciones que permitan ofrecer un servicio más confiable, reducir costos operativos y garantizar la sostenibilidad financiera del sector.
Un debate que impacta a todos los hondureños
La reforma energética es considerada por especialistas como una de las decisiones más relevantes para el futuro económico de Honduras.
La disponibilidad de energía confiable y competitiva influye directamente en la atracción de inversiones, la generación de empleo, el crecimiento industrial y el desarrollo de nuevas oportunidades productivas en todo el país.
Por esa razón, el Congreso Nacional ha optado por ampliar las consultas con distintos sectores antes de que el proyecto sea sometido a discusión y votación en el pleno legislativo.
Lo que viene
La Comisión de Energía confirmó que el proceso de socialización continuará con empresarios, generadores, organizaciones de sociedad civil y otros actores vinculados al sector eléctrico antes de emitir un dictamen final.
Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de la ENEE y la transformación del sistema energético nacional se perfila como uno de los debates económicos más importantes de 2026, con implicaciones directas para millones de usuarios en todo el territorio hondureño.
